En las últimas semanas la prensa se ha hecho eco de un caso de blanqueo de capitales en el Vaticano. El pasado 2 de octubre, la Santa Sede informó que la Gendarmería Vaticana, siguiendo las órdenes del Fiscal General Gian Piero Milano, había requisado diversa documentación y dispositivos electrónicos de dos entes de la Santa Sede. En la Primera Sección de la Secretaria de Estado y en la Autoridad de Información Financiera.

          Los fiscales que están trabajando en el caso observan indicios que apuntarían a la presunta comisión de delitos de malversación, estafa, abuso de poder y blanqueo de capitales, que se habrían cometido durante el periodo que el Cardenal Ángelo Becciu dirigió la oficina para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, conocida como la Primera Sección.

Inicio de la investigación y medidas cautelares

La investigación arranca con las denuncias interpuestas en verano de 2018 por dos instituciones de la Santa Sede. Una de esas instituciones es el Instituto para Obras de Religión, fundado en 1943 por el Papa Pio XII y que es conocido popularmente como Banco Vaticano. La otra es la Oficina del Revisor General, cuya creación en 2014 atendía a la finalidad de supervisar las finanzas del Vaticano.

Hasta la fecha, la investigación ha provocado la suspensión de empleo de 5 personas en el Vaticano. Uno de ellos es Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF). Vicenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, directores de la Secretaria de Estado de la Santa Sede han sido suspendidos de empleo. Esta lista la cierran, Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, y Caterina Sansone, empleada de Administración.

Un escándalo financiero millonario

Ha sido la revista L’Espresso la que ha publicado todos los detalles de este escándalo financiero. El autor del artículo es el periodista Emiliano Fittipaldi, el cual ha publicado varios libros sobre escándalos financieros y abusos sexuales en el Vaticano. También fue acusado de filtración de documentos en el denominado caso Vatileaks II, aunque finalmente fue exonerado.

Según las afirmaciones de Fittipaldi, 800 millones de euros provenientes principalmente del Óbolo de San Pedro fueron invertidos en dos empresas luxemburguesas, WRM y ATHENA CAPITAL FOUND. A través de esta última, se realiza inversión de 200 millones de euros en inmuebles. Entre ellos un Palacio en el número 60 de Sloan Avenue, en el lujoso barrio londinense de Chelsea.

El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre para hacer frente a las diversas necesidades de la iglesia universal y las obras de caridad de los más necesitados.

La investigación apunta a que el Cardenal Ángelo Becciu como director de la Primera Sección de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, era quien autorizó las inversiones que están siendo investigadas.

La Secretaria de Estado

          Es el organismo es el más antiguo del Vaticano y el que tiene un contacto mas cercano con el Sumo Pontífice. El Cardenal que lo preside recibe el título de Secretario de Estado. Su misión consiste en desempeñar todas las actividades políticas y diplomáticas de la Santa Sede. Desde 2017 se encuentra dividido en tres secciones.

La Sección para los Asuntos Generales, es conocida como la Primera Sección. Es la que mantiene la relación más estrecha con el Sumo Pontífice, encargándose del gobierno interno del pequeño Estado. Ha sido precisamente en esta Sección, en la que se ha requisado diversa documentación y dispositivos electrónicos con motivo de un registro judicial con motivo de una investigación sobre blanqueo de capitales en el Vaticano. 

La Sección para las Relaciones con los Estados es conocida como la Segunda Sección. Sus funciones son las de atender los asuntos que deben ser tratados con los gobiernos civiles. La Sección del Personal de rol diplomático de la Santa Sede es conocida como Sección Tercera. Es la de última creación, y se encarga de todo lo relacionado con el servicio diplomático de la Santa Sede.

La Autoridad de Información Financiera

          Este organismo lleva en funcionamiento desde 2013. Es la autoridad competente para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como Unidad de Inteligencia Financiera, pertenece al Grupo Egmont, el cual establece una red internacional de intercambio de información, conocimientos y tecnología para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su organismo homólogo en España, sería el SEPBLAC.

          Por tanto, resulta chocante que la Autoridad de Información Financiera sea acusada de blanqueo de capitales entre otros delitos y más aún, que la acusación parta de una denuncia presentada por el conocido como Banco del Vaticano.

Organismos económicos

La denuncia presentada por la Oficina del Revisor General tuvo un papel importante en el inicio de las investigaciones sobre blanqueo de capitales en el Vaticano. La creación de este organismo forma parte de un proceso de reforma iniciado en 2014 para mejorar la gestión de las finanzas de la Santa Sede. La Oficina del Revisor General se encarga de supervisar los organismos, instituciones vinculadas y administraciones del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Junto a la Oficina del Revisor General, fueron creados otros dos organismos económicos, el Consejo para la Economía y la Secretaría para la Economía. Esta última se divide en una sección para el control y la vigilancia y en otra sección administrativa.

Por su parte, el Consejo para la Economía, tiene como función la vigilancia de la gestión económica y de las estructuras y actividades financieras de las administraciones. En cambio, la Secretaría para la Economía se encarga del control y la vigilancia en materia administrativa y financiera de los organismos del Vaticano.