Hoy en día, el abanico de divisas electrónicas al alcance del usuario se ha abierto considerablemente. A finales de 2017 existían en el mercado 1335 criptomonedas diferentes, que sumaban un valor de capitalización de 572 mil millones de dólares. Esta cifra equivaldría al valor de capitalización de los 10 mayores bancos europeos. No obstante, el bitcoin sigue siendo la más popular. Tras su debut en bolsa en diciembre de 2017, esta criptomoneda acaparó numerosos titulares de prensa en todo el mundo. Un bitcoin, que el día 1 de enero de 2017, tenía un valor de 1.004 dólares, valía el 17 de diciembre de ese mismo año 19.435 dólares. Este estreno en la bolsa de futuros de Chicago, abre las puertas de este mundo a un gran número de inversores. Todo esto ayudará a esclarecer el valor de la moneda, para lo cual estos mercados se apoyaran en una plataforma para el intercambio de criptomonedas denominada Gemini. Esta plataforma fue creada por los gemelos Winklevoos, que ya eran conocidos por demandar a Mark Zuckerberg, acusándole del robo de la idea de la red social Facebook. Según diversas fuentes, los hermanos acumulan una de las mayores fortunas del mundo en bitcoins.
Características utilizadas por las organizaciones criminales
No obstante, las características del bitcoin, no solo lo hacen atractivo para los grandes inversores. Organizaciones criminales de todo el mundo las utilizan como herramienta para sus actividades delictivas. El bitcoin es una moneda que no se encuentra supervisada por ningún gobierno y está basada en la tecnología P2P, lo que dota al sistema de una gran seguridad, haciéndolo prácticamente infranqueable. Esta tecnología también tiene como consecuencia que conocer la identidad de las personas que poseen o transfieren bitcoins sea prácticamente imposible. Al igual que cualquier otro inversor, las organizaciones criminales también necesitan convertir Bitcoins en monedas de curso legal. Una de las formas que más garantías ofrecen para seguir manteniendo el anonimato es la utilización de servicios web “exchangers”. Los requisitos que estas empresas han de solicitar a los titulares de cuentas de Bitcoin que operan en ellas, depende del país en el que los “exchangers” tengan su domicilio social. La existencia de países en los que los requisitos exigidos son mínimos, da lugar a que se abran cuentas con documentos falsificados, robados o modificados.
Actividades delicitivas vinculadas al bitcoin
En octubre de 2013 el FBI cierra la plataforma Silk Road, a través de la cual se habían vendido drogas por un valor aproximado 200 millones de euros. Esta web contaba con un medio de pago en bitcoins para facilitar las transacciones económicas de las operaciones delictivas. Su creador, Ross William Ulbricht, cuyo seudónimo en la red era “Dread Pirate Roberts”, fue detenido por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y piratería informática. En el momento de la detención se le incautaron 174.000 bitcoins y su empresa estaba valorada en más de 100 millones de dólares. Actualmente cumple cadena perpetua en EEUU. Este es el caso más mediático relacionado con bitcoins, aunque no ha sido el único. Una operación conjunta de Europol y el FBI culminó en 2017 con el cierre de dos de las principales plataformas ilegales de la “Deep Web”. Alphabay y Handa, comercializaban más de 350.000 productos ilícitos cuyo pago se realizaba con bitcoins. En mayo de ese mismo año, el virus “Wannacry” infectó sistemas de más de 150 países. Este malware encriptó los datos de millones de ordenadores, y pedía un rescate en bitcoins para liberar dichos archivos. El hecho de que se diera a conocer que el pago del rescate no provocaba la liberación de los archivos provocó que un número limitado de personas realizara el pago del rescate. No obstante, se estima que los ciberdelincuentes que estaban detrás consiguieron recaudar 140 mil dólares en bitcoins.
Conclusiones
Desde su creación en 2009, el bitcoin ha estado en el punto de mira de las autoridades de todo el mundo. Dado el volumen de importancia que el bitcoin y otras criptomonedas están adquiriendo en los últimos tiempos, se hace necesario una legislación al respecto. Y es que la descentralización de las mismas y la falta de transparencia que las caracteriza son el caldo de cultivo para que organizaciones criminales las utilicen como herramientas de sus actividades delictivas.