El pasado martes, 19 de noviembre de 2019, la Audiencia provincial de Sevilla dio a conocer la sentencia de la pieza política de los ERE de Andalucía, tras casi 7 años de instrucción. De los 21 acusados, 19 han resultado condenados por delitos de prevaricación, malversación, o de ambos delitos a la vez. Un caso que ha salpicado al PSOE al ser varios de los condenados, ex altos cargos del citado partido político.
Inicio de las investigaciones
En abril de 2009, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido denuncia ante en los juzgados de Sevilla, la presunta comisión de unos delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento. En la denuncia acusa a 8 personas de estos delitos en el marco del presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla.
De la investigación iniciada con esta denuncia, surgieron nuevas líneas de investigación. Se investigaron las irregularidades en la venta de terrenos por parte de Mercasevilla, y en la tramitación de dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que dieron lugar a la prejubilación de dos trabajadores.
Estas nuevas líneas de investigación dieron lugar a la apertura de las diligencias 174/2011 por parte de la Jueza Alaya, como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La macro causa de los ERE de Andalucía acababa de comenzar.
Funcionamiento de la trama
La sentencia de los ERE de Andalucía hecha pública, comienza explicando que la Consejería de Empleo ya concedía unas ayudas previstas como extraordinarias entre el año 1999 y 2000. Para la concesión de estas ayudas era necesario tramitar un expediente, prever unas partidas presupuestarias, la aportación de documentación que acreditara la necesidad de dichas ayudas. Todo ello, sujeto a la fiscalización previa del Interventor Delegado de la Consejería de Empleo.
Los citados expedientes sufrieron en muchas ocasiones retrasos y objeciones por parte de los interventores, obstaculizando que el dinero llegara al destinatario previsto, así que se ideó la forma de hacer dicho procedimiento mas ágil, eliminando los mecanismos de control. Nace la partida presupuestaria 31L.
Esta partida presupuestaria, conocida como el “fondo de reptiles”, fue utilizado para el pago de subvenciones a empresas supuestamente en crisis, y de prejubilaciones de sus empleados. Todas estas ayudas se concedieron de forma totalmente discrecional. Paralelamente, se realizan las modificaciones presupuestarias para dotar de fondos este “fondo de reptiles” en detrimento de otras partidas presupuestarias.
IFA-IDEA
El siguiente paso fue la utilización de un organismo que pudiera hacer llegar las ayudas a los beneficiarios. Para ello se utilizó una agencia pública, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Posteriormente fue rebautizado como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Este organismo fue creado en 1987 para promover la promoción y el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía. En el año 2001 firma un acuerdo con la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por el cual se compromete a abonar las ayudas económicas que la Dirección General de Trabajo le indicara.
La asignación de fondos a IFA-IDEA se realizaba a través de las denominadas transferencias de financiación. Dichos instrumentos financieros tenían la finalidad de cubrir los gastos de explotación del citado organismo. Estas transferencias nunca fueron concebidas para conceder las ayudas económicas para las que luego se utilizaron. Para conseguir los citados fondos, IFA-IDEA comenzó a declarar perdidas ficticias que justificaran la inyección económica.
Cifras millonarias
Este sistema fue utilizado para conceder ayudas sociolaborales y ayudas a empresas durante mas de una década, desde el año 2000 hasta el año 2010. El procedimiento descrito buscaba que ninguno de los expedientes de concesión de estas ayudas económicas estuviera sujeto a ningún tipo de control.
La Fiscalía cifró las ayudas concedidas durante ese periodo de tiempo por la Junta de Andalucía en 680 millones de euros. Todas ellas de manera arbitraria y sin ningún tipo de control.
El grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encargó de la investigación del caso ERE. Fijó en 12,3 millones de euros el dinero que fue destinado al pago de intrusos. Los intrusos eran trabajadores que no reunían los requisitos para recibir esas ayudas económicas. Algunos de ellos eran personas del círculo cercano de los imputados en la causa.
Del mismo modo, señaló que 73,8 millones fueron destinados a sociedades que no se encontraban en situación de crisis, y otros 60 millones tuvieron como destino el pago de comisiones fraudulentas a bufetes, consultorías y aseguradoras.
Los acusados
Los 21 acusados en el caso de los ERE de Andalucía pueden agruparse en función del grado de implicación que tienen en la trama. Finalmente 19 han sido condenados y las penas han sido de inhabilitación para todos ellos, y también de prisión para 10 de ellos. Han sido absueltos Manuel Gómez Martínez, ex interventor general, y Francisco del Rio Muñoz, ex jefe del gabinete jurídico.
Diseño de la trama
Por un lado, son 5 los condenados por su implicación en el diseño de la trama descrita. Gaspar Zarrias, ex consejero de Presidencia, Magdalena Álvarez, ex consejera de economía y hacienda, José Salgueiro y Carmen Martínez Aguayo, ambos ex viceconsejeros y ex consejeros de Hacienda y Antonio Vicente Lozano, ex director general de presupuestos.
Gestión de ayudas
Por su implicación en la gestión de ayudas, han sido 9 los condenados. José Antonio Viera, ex consejero de trabajo, Antonio Fernández, ex viceconsejero y ex consejero de empleo, Agustín Barbera, ex viceconsejero de empleo, Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras, ambos ex directores general de trabajo, Francisco Vallejo, ex consejero de innovación, Jesús María Rodríguez Román, ex viceconsejero de innovación, Juan Francisco Sánchez, ex secretario técnico de empleo, Javier Aguado Hinojal, ex secretario de trabajo y empleo, y Lourdes Medina, ex secretaria general técnica de empleo.
Intermediarios
Dos son los condenados por su papel de intermediarios, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, ambos ex directores generales de la Agencia IDEA.
Encubridores
Por último, en calidad de encubridores han sido condenados tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, ambos ex presidentes de la Junta de Andalucía.